Un lustro que bien podría haber sido un siglo

Cuatro presidentes en cinco años

El resumen político que se vivió en el Perú durante estos cinco años, ha tocando su fin esta semana. Cinco años en los que el país tuvo cuatro presidentes, más de 45 ministros y hasta tres procesos electorales, a lo que habría que sumar un explosivo frente judicial, una inesperada pandemia, la caída en desgracia de los principales líderes de la oposición y el ascenso de inesperadas figuras, la de Martín Vizcarra, Manuel Merino y la del jefe de Estado Francisco Sagasti, cuya popularidad hoy rebasa el 52% de aprobación.

Podría decirse que este intenso lustro comenzó el 25 de diciembre de 2017. Ese día, el todavía presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) anunció su decisión de indultar a Alberto Fujimori. Luego de gobernar al país de 1990 a 2000, Fujimori cumplía una condena de 25 años de prisión por crímenes de corrupción y violaciones de los derechos humanos.

Kuczynski había resultado electo en segunda vuelta por encima de Keiko Fujimori (hija de Alberto), que había partido como favorita y en primera vuelta se había hecho con el control del Congreso, con 73 de 130 curules posibles. Sometido a los embates de la oposición desde el día mismo de su investidura, PPK debió enfrentar un proceso de vacancia por sus antiguos vínculos como consultor de la empresa Odebrecht. Aunque en reiteradas ocasiones había negado.

El indulto fue la moneda de cambio que ofreció a Kenji Fujimori (congresista y hermano menor de la dinastía Fujimori), para recibir los votos que controlaba dentro de Fuerza Popular, partido del fujimorismo. Además de salvar su pellejo, Kuczynski parecía haber conseguido dividir a su enemigo, exponiendo las diferencias que lo fracturaban.

Fue una victoria falaz para PPK, que solo tres meses más tarde, enfrentado a un nuevo proceso de vacancia y a graves evidencias de compra de votos para evitarla, se vio obligado a renunciar. Su reemplazante fue el vicepresidente Martín Vizcarra, que parecía haber recibido un presente griego. Se temía que, luego de probar su fuerza y decisión echando a Kuczynski, Keiko Fujimori lo emplearía como una marioneta y gobernaría a través de él.

2018: los cuellos blancos del puerto

En junio los ojos de todo el país se concentraron en la vuelta de la selección de fútbol a los mundiales luego de 36 años. Hasta entonces, Vizcarra había aparecido dispuesto a negociar con el fujimorismo para construir una plataforma de gobernabilidad que implicara un reparto de poder.

Este escenario comenzó a cambiar al mes siguiente, cuando el portal de investigación periodística IDL-Reporteros publicó el primero de una serie de audios que revelarían una trama de sobornos que afectaba hasta los cimientos del Poder Judicial del puerto del Callao (el más importante del país), involucrando a jueces, fiscales, integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, empresarios (Camayo) e importantes figuras políticas.

Esta era la ventana de oportunidad que Vizcarra parecía haber estado esperando. Aprovechó el tradicional mensaje presidencial de 28 de julio (aniversario de la independencia) para posicionarse a la cabeza de la lucha contra la corrupción y lanzó un referéndum de reforma constitucional que canalizó el rechazo popular hacia un Congreso al que comenzó a torcerle el brazo.

2018: vuelta a prisión

La oposición todavía no se recuperaba de esta sorpresa cuando ocurrió otra todavía más drástica. Octubre comenzó con una resolución del Poder Judicial que, ante un control de convencionalidad pedido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, anuló el indulto a Alberto Fujimori.

Sin embargo, el momento más gélido llegó una semana después, cuando las investigaciones del caso Lava Jato alcanzaron a Keiko Fujimori, quien primero fue detenida preliminarmente y luego enviada a una prisión preventiva de 36 meses. Se le acusó de liderar una organización criminal instalada al interior de su partido, cuyo objetivo fue “obtener el poder político recibiendo para ello aportes ilícitos provenientes de actos de corrupción del grupo empresarial brasileño Odebrecht, para que luego estando en el poder se retribuyeran estos aportes ilícitos”.

Temiendo un destino similar, el también investigado expresidente Alan García se internó en la embajada de Uruguay en Lima, donde reclamó ser víctima de una persecución política e interpuso un pedido de asilo. La respuesta del gobierno de Tabaré Vásquez sería negar esta solicitud.

2018: referéndum

Diciembre del 2018 se cumplió con varios triunfos para un gobierno que había nacido marcado por la incertidumbre. Las alternativas que defendió en el referéndum de reforma constitucional, sí a la creación de una Junta Nacional de Justicia, sí a regular la financiación de los partidos, no a la reelección parlamentaria y no a un Congreso bicameral, ganaron con cerca del 80% de los apoyos. Asimismo, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de varias leyes polémicas, entre las que se encontraba la prohibición a los parlamentarios de abandonar una bancada para incorporarse a una nueva o formar una propia.

Esta decisión cambió la correlación de fuerzas en el Parlamento y se aumentó la vulnerabilidad del fujimorismo, acercando los números que Fuerza Popular tenía en el Congreso al sentir popular.

2019: Crisis política

Otro capítulo de suspenso se escribió en las vísperas de año 2019, el ex Fiscal de la Nación Pedro Chavarry dio una conferencia de prensa sorpresiva donde anunció el retiro del fiscal Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial del caso Lava Jato, que para la población fue catalogada como “un duro golpe a la lucha contra la corrupción”.

Ante las constantes manifestaciones de los peruanos en casi todo el país, Pedro Chavarry dio vuelta a atrás en su decisión que le costó la renuncia a su cargo como fiscal de la nación.

Vizcarra tomó la decisión de plantear una reforma del Ministerio Público con la cual el Congreso no estaba de acuerdo. Se reanudó el conflicto del Congreso con el Ejecutivo, pero con una mayor iniciativa de este último. Vizcarra inició una lucha contra la corrupción que fue respaldada por la población, pero que lo enfrentó al Congreso.

En este contexto, se profundiza la caída de Fuerza Popular y su lideresa Keiko Fujimori, a quién se vinculaba con este caso de tráfico de influencias en el Poder Judicial. Un testimonio por parte de Augusto Tamayo, dentro de las investigaciones del Equipo Lava Jato, confirmó la participación de Fujimori bajo el alias de “Señora K”.

La primera mitad del 2019 no dejó de sorprender a los peruanos con las revelaciones fiscales producto del acuerdo de colaboración eficaz firmado el 15 de febrero con la empresa Odebrecht. Estos testimonios comprometían a las más importantes autoridades del país. Ciertamente, con la orden de arresto preliminar a Kuczynski el 10 de abril, por un presunto delito de lavado de dinero, se completó la lista de ex presidentes detenidos e investigados por la justicia por actos de corrupción. Kuczynski, por motivos de salud, sólo recibió detención domiciliaria.

Suicidio

La situación del expresidente Alan García tuvo un final más trágico. El líder histórico del Partido Aprista Peruano (APRA) se suicidó el 16 de abril cuando se ejecutaba la orden de detención preliminar por obtención de dinero ilícito.

 A pesar de que algunos líderes del partido intentaron utilizar el suicidio para reconectar con la población, la realidad era que el 83% de los peruanos pensaba que Alan García se había suicidado para escapar de la justicia. Lo cierto es que el exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró en mayo del 2019 que su compañía había entregado dinero de la contabilidad paralela de la empresa a las campañas electorales de todos los expresidentes peruanos y otros políticos como Keiko Fujimori y Susana Villarán. Esto, además de sobornos para garantizar la obtención de concesiones de obras públicas.

2019: disolución del congreso

La ascensión de la crisis institucional alcanzó un punto límite el 30 de septiembre. En uno de los días más agitados de la política peruana en las últimas dos décadas, el presidente del Consejo de ministros Salvador del Solar presentó la cuestión de confianza. A pesar de estar facultado constitucionalmente para participar en las sesiones del Legislativo, fue inicialmente impedido de ingresar al hemiciclo y de tomar la palabra. Luego de presentar la cuestión de confianza, el Congreso no discutió la medida y continuó con la elección de miembros del TC (eligiendo a uno de ellos). Como consecuencia, el gobierno interpretó que había ocurrido una denegación real de la confianza. De la misma forma, siguiendo el artículo de la Constitución que lo faculta a tomar esa decisión en caso dos cuestiones de confianza fuesen denegadas, el presidente anunció la disolución del Congreso de la República y la convocatoria a elecciones para reemplazar al Congreso disuelto.

Posteriormente, el Congreso votó y aprobó la cuestión de confianza y, al tomar noticia de la disolución, decidió suspender en el cargo al presidente y juramentar en su reemplazo a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien aceptó hacerlo. Hacia la medianoche, Vizcarra reapareció en una foto junto a los jefes de las fuerzas armadas y policiales en una muestra simbólica de su respaldo.

Un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea reafirmó que “el Señor presidente Constitucional de la República, Ing. Martín Vizcarra Cornejo, es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú”.

La sociedad apoyó mayoritariamente al presidente, haciendo que su porcentaje de aceptación suba a un 79%, el congreso disuelto careció de respaldo popular e internacional; ningún gobierno latinoamericano insinuó un quiebre constitucional.

Tras el cierre del congreso y la elección democrática de los nuevos parlamentarios en el 2020, se empezó a respirar utópicamente un poco de paz en el ambiente político, comenzó el auge gubernamental de Martin Vizcarra; que aparentemente iba a entregar sin problemas el poder el 28 de Julio del 2021, incluso se veía proyectarse como candidato presidencial para el 2026.

2020: pandemia del Covid-19

En marzo del 2020, llegó el coronavirus para desnudar las carencias de un país; que, a pesar de su crecimiento económico en los últimos 10 años, evidenció la mala infraestructura y organización del sistema de salud, que terminó colapsando, se perdió miles de compatriotas.

Vizcarra tuvo que enfrentar la pandemia, con una economía quebrada y con la población mayoritariamente informal; lo cual hacía difícil garantizar el cumplimiento de la cuarentena. Para ayudar a resistir los meses sin ingresos económicos de las familias, puso en marcha proyectos de ayuda social, como: El bono quédate en casa, el bono rural, el retiro de las AFP, entre otras, que estarían destinadas para la población más pobre y vulnerable del país. Al principio fue aplaudido y reconocido internacionalmente como un plan inteligente, pero la mala organización reveló que la ayuda no estaba llegando a los que más necesitaban, peor aún causaba desorden.

Estas decisiones de Vizcarra, agravaron la situación; se aumentó los casos de contagios y muertes, la entrega de bonos, llevó a una caótica reactivación económica. Este pésimo manejo de la pandemia alejó al presidente de la ciudadanía y el 11 de setiembre, cuando el Congreso denunció los malos manejos presidenciales en la contratación de Richard Cisneros, la popularidad del presidente estaba en caída. Los audios con las denuncias exponían a un presidente rodeado de un entorno mediocre, negociando testimonios y manipulando funcionarios, quedando como uno más del montón de políticos que usan el Estado para sus fines particulares.

2020: vacancia de Martín Vizcarra

En medio de la situación de emergencia, el Congreso fragmentado y dominado por intereses privados y personajes cuestionados como Edgar Alarcón, empezó a confrontar al Ejecutivo aludiendo un cuestionable manejo económico, pero también imponiendo sus intereses corporativos al incluir temas como el rechazo a la supervisión estatal de universidades privadas como el partido Podemos Perú.

En este contexto, un grupo de congresistas logró aprobar la moción de vacancia y convocó al presidente a exponer su defensa. Por su parte, Martín Vizcarra anunció que no renunciaría y presentaría una demanda competencial al Tribunal Constitucional para demostrar lo improcedente de la medida.

Tras el fracaso de la vacancia, el ambiente se puso más tenso cuando aparecieron audios del presidente del Congreso, en ese entonces Manuel Merino, donde se hacía público las llamadas que realizó a los altos mandos militares, explorando el apoyo a su eventual ascenso al poder, este hecho demostraba su afán golpista y las ansias de ser presidente.

La ciudadanía advirtió que el Congreso electo era la continuación del disuelto, primaba sus intereses subalternos, mafiosos y delictivos que no dudan utilizar la institucionalidad según sus propios beneficios, olvidándose de la necesidad de la gente; era fácil predecir que aprobarían otra moción de censura.

El Ejecutivo y el Congreso con su voracidad de poder e impunidad, disputaron el botín del Estado a espaldas del pueblo. Finalmente; un 10 de noviembre, Manuel Merino ascendió al poder, doblegando a Martin Vizcarra, quien se retiró sin dar pelea. La presidencia de Manuel Merino y la forma en como ocupó el puesto causó desazón en la ciudanía, lo cual provocó intensas protestas en Lima y otras ciudades del Perú, hasta las que el 14 de noviembre desembocó toda la furia ciudadana, dejando sin vida a dos jóvenes Bryan Pintado e Inti Sotelo. Merino no pudo con la presión ciudadana, que lo obligó a renunciar tras una semana en el poder, llevando consigo una serie de acusaciones.

2020: ascensión de Francisco Sagasti

Después de la renuncia de Merino, Sagasti, congresista con el Partido Morado, asume la misión de liderar el gobierno de transición hasta el 28 de julio de 2021; es un político de centro y con fama de ser hombre de consensos, Sagasti se convirtió en el tercer mandatario del gobierno peruano en una semana. Teniendo como tarea urgente aplacar la profunda crisis política; asimismo, enfrentar la crisis de salud por el grave impacto de la pandemia de coronavirus en el país.

2021: «vacunagate»

La política en el Perú es como las olas del mar, inconstante; al parecer la calma es sinónimo de que vendrá una tormenta mayor. En febrero del 2021, sale a la luz el escándalo denominado “Vacunagate”, donde estuvieron involucrados al menos 487 personas, entre ellos el ex presidente Martín Vizcarra, varios miembros de su gabinete y también funcionarios del gobierno de Francisco Sagasti, quienes fueron vacunados de forma sospecha e irregular a finales de 2020.

Los involucrados recibieron dos dosis de la vacuna que llegó a Perú como un cargamento extra cuando el país era parte de la fase III del ensayo clínico de la vacuna china Sinopharm, que ya mostraba resultados alentadores.

La figura la exministra de Salud Pilar Mazzetti, agravó la controversia al confirmarse que recibió la primera inyección el 12 de enero de 2021 y la segunda el 6 de febrero, un día antes de que llegara a Perú el primer lote de Sinopharm, y en contradicción con sus palabras, pues públicamente había mostrado su intención de ser la última en vacunarse, aunque ya lo había hecho. Todo esto se reveló a pocos días de haber iniciado la campaña de vacunación en el país y en medio de una feroz segunda ola de covid-19.

Las consecuencias del “Vacunagate”, fueron la renuncia de la ministra de Salud, como de la titular de la cartera de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete. Asimismo, la inhabilitación de las ministras y del expresidente Martin Vizcarra para ocupar cargos públicos.

Comunismo versus la democracia

El 11 de abril, los peruanos asistieron a las urnas a ejercer su derecho de sufragio democráticamente, los resultados fueron sorpresivos; por una parte, Pedro Castillo, un profesor, “exrondero” (miembro de las organizaciones comunales rurales de defensa contra grupos armados), y representante sindical de los maestros peruanos, había logrado pasar a segunda vuelta; por el otro lado la lideresa de Fuerza popular Keiko Fujimori, ambos disputarían la presidencia.

La contienda electoral dividió a los ciudadanos en polos opuestos, ubicando a ambos candidatos en extremos distantes, Keiko Fujimori fue la representación de la libertad y el progreso; mientras que Pedro Castillo la “representación” de la dictadura. El país atestiguó la campaña con mayor polarización del periodo democrático de los últimos 20 años.

Los resultados de las elecciones dieron por ganador al profesor de escuela, por un margen de solo 63.000 votos. Pero su rival, Keiko Fujimori, pidió la anulación de miles de votos, apelando a que hubo fraude. Uno y otro se preparan para una batalla legal que alargó la proclamación definitiva de un ganador.  Durante casi un mes el país estuvo tenso, fracturado por la polarización.

Finalmente, el 19 de julio, se proclamó el triunfo de Pedro Castillo, imponiéndose sobre Keiko Fujimori; de acuerdo con el recuento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de las 86.488 actas electorales, Castillo obtuvo el 50.125% de los votos, mientras que Fujimori logró el 49.875%.

El anuncio llegó a pocos días de posesión de cargo del nuevo presidente de Perú, para el período 2021-2026.

En el Bicentenario, para los escenarios venideros, el reto más grande del profesor; será ponerle fin a la crisis política y social, pero particularmente el de conectar las grandes demandas exigidas en la campaña con interlocutores que puedan plantear políticas públicas para atenderlas. De lo contrario, el camino que tenemos al frente en Perú será más caótico aún.

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