Ley bautizada como Fujimori-Montesinos

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La vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz, y el defensor del Pueblo, Walter Gutierrez, cuestionaron este viernes la ley que la oposición fujimorista en el Congreso aprobó la tarde del jueves, bautizada como ley Fujimori-Montesinos y hecha para evitar que el  expresidente Alberto Fujimori vuelva a la cárcel. La norma permitiría también liberar en pocos años a Vladimiro Montesinos, ex asesor presidencial y jefe de facto de las fuerzas armadas entre 1990 y 2000.

En 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión como autor mediato de homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves contra las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidos en 1991 y 1992 por el Grupo Colina, el destacamento del Ejército creado por su Gobierno. El ex gobernante, también sentenciado por robo, corrupción y usurpación de funciones, fue indultado en plenas Navidades de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski a cambio del favor político de su bancada. No obstante, el miércoles pasado de octubre un juez supremo dispuso su retorno a prisión. Por otro lado, Montesinos tiene decenas de condenas, pero la pena más alta, de 25 años de prisión, le fue impuesta en 2010 por el caso Barrios Altos.

«La ley está mal hecha, las formas han sido de muy mala intención; ha sido un atropello», subrayó este viernes la también congresista oficialista Aráoz sobre el texto legal que la mayoría fujimorista aprobó este jueves por la tarde, en menos de hora y media y sin ni siquiera esperar el dictamen de la comisión de Justicia. La norma permite la libertad bajo vigilancia electrónica de los condenados mayores de 78 años que hayan cumplido un tercio de su pena o que tengan una enfermedad crónica. «No se ha aprobado de manera apropiada. La rapidez afecta a esta fórmula legal», dijo, por su parte, el defensor del Pueblo en la emisora Radio Programas.

Es también inconstitucional porque la ley incluso abarca a procesados no condenados  y no es incompatible con la Carta Magna peruana porque rompe el criterio de la división de poderes, además permitiría la liberación del ex líder terrorista Abimael Guzmán y otros procesados legales por terrorismo.

Algunos especialistas señalan que l decisión tomada por los legisladores de fuerza popular sea una venganza en respuesta a la detención preliminar de su lideresa Keiko Fujimori.

La vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz, y el defensor del Pueblo, Walter Gutierrez, cuestionaron este viernes la ley que la oposición fujimorista en el Congreso aprobó la tarde del jueves, bautizada como ley Fujimori-Montesinos y hecha para evitar que el  expresidente Alberto Fujimori vuelva a la cárcel. La norma permitiría también liberar en pocos años a Vladimiro Montesinos, ex asesor presidencial y jefe de facto de las fuerzas armadas entre 1990 y 2000.

En 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión como autor mediato de homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves contra las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidos en 1991 y 1992 por el Grupo Colina, el destacamento del Ejército creado por su Gobierno. El ex gobernante, también sentenciado por robo, corrupción y usurpación de funciones, fue indultado en plenas Navidades de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski a cambio del favor político de su bancada. No obstante, el miércoles pasado de octubre un juez supremo dispuso su retorno a prisión. Por otro lado, Montesinos tiene decenas de condenas, pero la pena más alta, de 25 años de prisión, le fue impuesta en 2010 por el caso Barrios Altos.

«La ley está mal hecha, las formas han sido de muy mala intención; ha sido un atropello», subrayó este viernes la también congresista oficialista Aráoz sobre el texto legal que la mayoría fujimorista aprobó este jueves por la tarde, en menos de hora y media y sin ni siquiera esperar el dictamen de la comisión de Justicia. La norma permite la libertad bajo vigilancia electrónica de los condenados mayores de 78 años que hayan cumplido un tercio de su pena o que tengan una enfermedad crónica. «No se ha aprobado de manera apropiada. La rapidez afecta a esta fórmula legal», dijo, por su parte, el defensor del Pueblo en la emisora Radio Programas.

Es también inconstitucional porque la ley incluso abarca a procesados no condenados  y no es incompatible con la Carta Magna peruana porque rompe el criterio de la división de poderes, además permitiría la liberación del ex líder terrorista Abimael Guzmán y otros procesados legales por terrorismo.

Algunos especialistas señalan que la decisión tomada por los legisladores de fuerza popular sea una venganza en respuesta a la detención preliminar de su lideresa Keiko Fujimori.

 

 

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